A las pocas horas de que la oposición pida la renuncia de funcionaria municipal, se confirmó su alejamiento. Es porque es incompatible que sea abogada de presos que piden excarcelación
Se trata de Claudia Cesaroni, directora general para la Prevención del Delito y Violencia de la Municipalidad de Quilmes. La información oficial es que la intendenta Mayra Mendoza aceptó la renuncia que presentara. El bloque de Juntos por el Cambio había pedido su alejamiento por sus declaraciones públicas como abogada defensora de de detenidos que se encuentran en el penal de Devoto y que por su intermediación, solicitan su excarcelación.
A través de su cuenta de facebook, Cesaroni dio a conocer su decisión. Escribió: Comunico que tomé la decisión de renunciar a mi cargo de Directora General para la Prevención del Delito y la Violencia de la Municipalidad de Quilmes, función que asumí con el deseo de trabajar en proyectos de inclusión y acompañamiento para las personas atravesadas por el sistema penal, porque creo que ese es el mejor modo de prevenir el delito y disminuir los niveles de violencia.
Tomo la decisión de desvincularme de esta responsabilidad de mutuo acuerdo con la Intendenta Mayra Mendoza, ya que en el marco de mi militancia en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad estoy acompañando los reclamos del colectivo de detenidos alojados en la Cárcel de Villa Devoto, lo que se torna incompatible con el cumplimiento de mis responsabilidades en la gestión municipal en los términos en que debe realizarse. Mi agradecimiento de corazón siempre a Mayra. Yo dejo la función segura de que los proyectos en marcha se llevaran adelante tal o mejor que comos los soñamos.
PEDIDO DE ALEJAMIENTO DE LA OPOSICIÓN
Casi en simultáneo, el bloque de Juntos por el Cambio había hecho público un comunicado donde solicitaban el alejamiento de la abogada "por as preocupantes manifestaciones públicas que la citada funcionaria efectuara en su condición de Abogada Defensora de detenidos que se encuentran en el penal de Villa Devoto y que, por su intervención profesional, solicitan su excarcelación.
PROFUNDO DEBATE
Agrega el informe "Como es público y notorio, el pedido de excarcelación de quienes se encuentran privados de su libertad con motivo del COVID-19, ha generado en la sociedad un profundo debate como así también miedo, disconformidad y múltiples opiniones referidos al tema.
Ahora bien, una cosa es la opinión que pueda tener cada uno de los ciudadanos al respecto y otra muy distinta es cuando quien ostenta un cargo público, específicamente como cabeza de un área destinada a la prevención del delito, es abogada defensora de los detenidos que piden su liberación.
Sabemos que el ejercicio de la profesión liberal de los abogados, en tanto no sea ejercida para accionar en contra de los intereses del Estado, no resulta incompatible jurídicamente para ejercer un cargo público.
INCOMPATIBILIDAD
"Pero en este caso, más allá que pudiese incurrirse en tal previsión, no tenemos duda que existe, al menos, incompatibilidad ética y moral.
!¿Qué seguridad pueden sentir los Quilmeños si la funcionaria responsable de la prevención del delito, es quien está bregando por la liberación de quienes ya fueron detenidos y cumpliendo condena?
"En derecho todos sabemos que la mayoría de las posturas son cuestionables, dependiendo de la doctrina que se siga en cada caso. Ahora bien, lo que sí es inopinable y por tanto genera preocupación es que la posición públicamente expuesta de esta funcionaria, hace presumir cuál será la posición ideológica y jurídica en la que basará las políticas públicas que dentro de sus funciones le corresponda diseñar.
"La sociedad demanda de la política, de los políticos y de los gobernantes, seriedad y responsabilidad siempre, pero en momentos de excepcionalidad, la exigencia es mayor.
Es por lo expuesto que es nuestro deber, como representantes del pueblo Quilmeño, exigir que la funcionaria sea apartada de su cargo", finaliza el comunicado
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