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| Ezequiel Arauz Pérez |
Además de Carlos “Coco” Mahiques - patriarca de esta
influyente familia judicial - y su hijo Juan Bautista Mahiques - por entonces
jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires -, la comitiva estuvo
integrada por el juez federal Julián Ercolini (uno de los que condeno a CFK);
su colega Pablo Cayssials (quien intervino en varias causas sensibles para
Clarín) y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola. Junto a ellos viajaron
el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el
empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke; y el exjefe de legales
de la SIDE, Leo Bergroth.
En ese momento gobernaba el país Alberto Fernández
y el Frente de Todos; un experimento político fallido cuyo mayor logro se
redujo a derrotar contundentemente a Mauricio Macri en las elecciones de 2019.
Lo que siguió después fue una gestión errática y sin una dirección clara, entre
los efectos de la pandemia y una sequía histórica y la inédita realidad de un
gobierno peronista bajo el cual los trabajadores formales caían por debajo de
la línea de pobreza.
En los inicios de su administración, Fernández
explicaba con soltura que la justicia iba a “depurarse” sola. Con su estilo
característico, hizo bandera y virtud de la propia impotencia, a pesar de haber
diagnosticado con bastante precisión las falencias de ese entramado judicial.
Sobra señalar que dicha depuración nunca llegó. Al contrario, hoy asistimos a
un proceso exactamente inverso: la consolidación y el empoderamiento diario de estas
estructuras.
Para cuando se concretó aquel polémico viaje a las
tierras en manos extranjeras de Lago Escondido, ya se ejecutaba la etapa
culmine de la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. Una
estrategia cuyos ribetes - amenazas, testimonios amañados, presiones e
irregularidades - se ventilan con escaso eco mediático en las audiencias de la
"Causa Cuadernos". El objetivo fue apartar de la escena democrática a
una líder popular de su magnitud.
Tampoco generó el escándalo necesario ver cómo
periodistas de Clarín apretaban gente de forma sistemática en complicidad con
miembros de los servicios de inteligencia y con el propio diario como
herramienta, o que comunicadores famosos pusieran al aire informes elaborados
directamente en los laboratorios del espionaje ilegal y armaran mesas nocturnas
para instalar versiones. Se trata de fenómenos que parecen inconexos, pero que
responden a una misma matriz operativa.
En ese derrotero, la escapada clandestina a Lago
Escondido ocurrió apenas un mes antes del intento de magnicidio contra la
expresidenta. La deficiente investigación posterior comenzó de la peor manera:
con el “borrado” del teléfono celular del atacante, Fernando Sabag Montiel. A
partir de allí, el expediente marchó tal como la "mesa judicial"
pretendía: a paso lento y sin avances sustanciales sobre los autores
intelectuales o financistas del atentado.
En este escenario de degradación institucional, el
inesperado gobierno del outsider Javier Milei desembarcó con la promesa
de llevarse todo puesto y combatir a "la casta". Sin embargo, a poco
de andar, el presidente, su hermana Karina, el vocero Manuel Adorni y su
entorno más íntimo - a excepción no casual de los Menem y Patricia Bullrich - se
encuentran enlodados por resonantes sospechas de corrupción.
En tal escenario, potenciado por la impotencia y la
complicidad del congreso, la familia Mahiques continúa diseñando - lapicera en
mano - el Poder Judicial del futuro, ocupando las instancias más estratégicas
de la República a través de una arquitectura jurídica que trascenderá cualquier
plazo electoral.
Hubo un tiempo, lejano pero no tanto, en que la
joven democracia argentina simulaba aspirar a una justicia independiente y
ajena a las lógicas partidarias. Incluso durante el menemismo, cuando el
riojano estructuró una Corte Suprema adicta y la opinión pública conoció la
famosa servilleta con nombres de Carlos Corach, la simulación discursiva se
sostenía en el debate público. Toda esa simulación terminó.
Hoy, Comodoro Py, el fuero federal, los
"Huemules" de Clarín y los grandes grupos económicos reinan sin
controles democráticos ni legitimidad popular. Hacen y deshacen a su antojo en
un país que cede soberanía a velocidad récord y sin comparación histórica
posible.
“Está crujiendo la democracia”, me decía el obispo
de Quilmes, Carlos Tissera, en una entrevista reciente. La destrucción no
comenzó ahora. El llamado Poder Judicial viene siendo utilizado de forma
sistemática para inclinar la balanza en la disputa por la renta nacional a
favor de los poderes concentrados.
En una Argentina que cada tanto y en ciclo aspira a
privatizar aquello que costó años y sangre construir, asistimos hoy a la
privatización encubierta, pero lisa y llana, de un poder de la República. Una
realidad que en otras épocas hubiera despertado una alarma social generalizada.
(*). Ezequiel Arúz Pérez, dirigente peronista, congresal provincial del PJ, de la CTA y SUTEBA. Concejal de Uniór por la Patria en Quilmes
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