Daniel Rosato, presidente de IPA
A través de un comunicado, señala que "Desde el 1° de noviembre de 2025 comenzó a regir la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que modificó las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y avanzó hacia un esquema en el cual los grandes usuarios pueden contratar directamente energía y potencia en el mercado".
CAMBIO ABRUPTO
Para IPA, la implementación significó un cambio abrupto
respecto del sistema bajo el cual las empresas habían funcionado durante casi
tres décadas y encontró a buena parte del entramado productivo sin información
suficiente para afrontar la nueva modalidad.
DATOS
Según datos relevados por la entidad, de un universo de alrededor de 6.000 empresas alcanzadas por el nuevo esquema, sólo unas 800 concretaron contratos de abastecimiento. Las consecuencias, advierte IPA, alcanzaron tanto a quienes no contrataron como a quienes sí lograron hacerlo.
En el primer grupo, la entidad registró casos de facturas eléctricas que llegaron a
multiplicarse por cuatro. Pero las PyMEs que celebraron contratos tampoco
quedaron al margen del problema: IPA señaló que existen empresas que están
recibiendo cargos que llevan el costo final de la energía hasta valores
cercanos al doble de lo originalmente pactado y que comenzaron a enfrentar
controversias contractuales con sus proveedores.
QUEBRANTOS Y ENDEUDAMIENTO
Esta situación, sostuvo la entidad, está “produciendo quebrantos y endeudamiento por
los aumentos recibidos”, en momentos en que las empresas ya enfrentan las
consecuencias de la caída de la actividad y del consumo.
“La electricidad es
un derecho básico universal. Hoy las PyMEs sentimos que ese derecho no lo
tenemos, aun pagando la energía”, señalaron desde IPA.
Y agregaron: “Hacemos
contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos.
Alguien tiene que intervenir. No interviene nadie y consideramos que estamos
siendo estafados”.
FALTA DE INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Para la entidad industrial, uno de los principales problemas
fue la falta de información y acompañamiento durante la transición. Las
empresas tuvieron que comenzar a analizar contratos, condiciones de
abastecimiento, precios y obligaciones jurídicas propias de un mercado
energético complejo, mientras al mismo tiempo intentan sostener la producción,
el empleo y sus compromisos financieros.
“Estamos obligando a
una PyME a convertirse de un día para otro en especialista en contratación
energética, cuando debería estar pensando en cómo producir, vender y atravesar
la crisis de consumo”, plantearon desde IPA.
La preocupación empresaria adquiere mayor relevancia porque
la propia normativa que dio origen al nuevo sistema estableció que la
transformación debía desarrollarse mediante una transición gradual, ordenada y
previsible.
Para IPA, esa previsibilidad no llegó a las empresas.
“No estamos
cuestionando la necesidad de discutir cómo funciona el mercado eléctrico. Lo
que no puede hacerse es cambiar de manera profunda las reglas del
abastecimiento energético sin garantizar información, planificación y
herramientas para que las PyMEs puedan adaptarse. El costo de una transición
mal implementada no puede terminar cayendo sobre la producción”, sostuvo la
entidad.
PIDEN QUE SE LOS CONVOQUE
IPA reclamó por ese motivo que las autoridades nacionales
convoquen de manera urgente a los sectores involucrados y establezcan
mecanismos para revisar los casos en los que existen fuertes diferencias entre
los valores contratados y los finalmente facturados.
“Sin información, sin
planificación y sin una política energética de largo plazo que dé
previsibilidad, el nuevo modelo no está resolviendo un problema: está agregando
otro. Y está empujando a muchas PyMEs al abismo”, concluyó IPA.
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